Por Edlian J. Rivera Espinosa, Relacionista Público / info@salaurbana.com
La Constitución de Puerto Rico, en su Carta de Derechos, garantiza el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte. En su artículo 2, sección 7, se establece: “Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida… No existirá la pena de muerte”. Sin embargo, la realidad de la criminalidad en Puerto Rico contradice este principio fundamental, dejando en evidencia una preocupante "pena de muerte callejera" que cobra la vida de cientos de ciudadanos año tras año.
Una crisis fuera de control
Según datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, al 31 de octubre de este año se habían reportado 399 asesinatos, de los cuales 350 fueron hombres y 49 mujeres. Las edades más afectadas corresponden a los jóvenes de 20 a 24 años, con 64 muertes, seguidos por los de 25 a 29 años con 74 asesinatos y los de 30 a 34 años con 60 casos. Estas cifras reflejan que los principales afectados por la violencia son los jóvenes en sus años más productivos.
En cuanto a las causas, el narcotráfico domina las estadísticas con 139 hombres y 9 mujeres asesinados por razones relacionadas con este ámbito. A esto le siguen los casos con motivos desconocidos (82 hombres y 8 mujeres) y las venganzas o rencillas (67 hombres y 4 mujeres). Otros motivos incluyen peleas (51 hombres y 7 mujeres), violencia doméstica (4 hombres y 18 mujeres), maltrato de menores (2 casos) y crímenes relacionados con robos y carjackings.
Una generación que se pierde
Estas cifras no solo representan números en una tabla, sino historias de vidas truncadas y familias destrozadas. Jóvenes que deberían estar construyendo el futuro de Puerto Rico son víctimas de un sistema que los empuja hacia el crimen. Es doloroso ver cómo tantos caen en el narcotráfico, cómo mujeres son asesinadas a manos de quienes un día prometieron protegerlas y cómo padres, en un giro antinatural del ciclo de la vida, deben enterrar a sus hijos.
¿Qué estamos haciendo?
Es momento de preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para enfrentar esta crisis. ¿Qué medidas concretas están implementando las autoridades para frenar la criminalidad? ¿Dónde están los programas educativos y preventivos que orienten a nuestra juventud y eviten que caigan en el mundo del crimen?
La deserción escolar es uno de los factores que alimenta la violencia. Por ello, es urgente diseñar programas académicos que motiven a los estudiantes, así como apoyar al magisterio en su labor de inculcar valores fundamentales como el respeto, la honestidad y la dignidad. Además, debemos ofrecer oportunidades laborales y recreativas para los jóvenes, así como acceso a servicios básicos para las familias de escasos recursos. La ociosidad, como bien se sabe, es terreno fértil para el crimen.
Un llamado a la esperanza
Las cifras son alarmantes, pero no debemos resignarnos. Puerto Rico necesita soluciones concretas y una acción coordinada entre el gobierno, las comunidades y las familias para garantizar el derecho a la vida de todos sus ciudadanos. Es hora de trabajar juntos para evitar que nuestra isla del encanto se convierta en la isla del espanto. Sólo con pasos firmes y un compromiso colectivo podremos devolver la esperanza y la seguridad a nuestra tierra.
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